Bono: todavía quedan unos cuarenta y le costará al Estado al menos 113 mil millones

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Los principales y aún vigentes son algo más de cuarenta y en este último trienio (2020-2022) se estima que costarán al Estado al menos 113 millones de euros (en concreto 112,7). Hablamos de las bonificaciones introducidas en gran parte por los dos últimos ejecutivos para hacer frente a los efectos económicos negativos que ha provocado la pandemia y la guerra de Ucrania en algunos sectores productivos, familias, empleados y autónomos. El análisis fue realizado por la Oficina de Estudios del CGIA.

Hay que racionalizar el gasto

Sería poco generoso argumentar que gran parte de este dinero se ha tirado y se sigue tirando al viento, contribuyendo a aumentar significativamente la deuda pública que, en comparación con la llegada del Covid (2019), ha aumentado en más de 21 puntos porcentuales de PIB. Por supuesto, también se proporcionaron muchos subsidios a quienes no los necesitaban, y otros se introdujeron solo para "recolectar" un consenso político inmediato. Todo cierto: aunque cabe destacar que muchas de estas anomalías también han afectado a otros países europeos. Sin embargo, creemos que ha llegado el momento de racionalizar el gasto. El escenario económico y social que se perfila es cada vez más sombrío, sin contar que a finales de este año se agotarán las medidas de compra de bonos del Estado por parte del Banco Central Europeo y que lo mismo, tras la disparada inflación, muy probablemente será obligados a subir los tipos de interés. Medidas que podrían empeorar la estabilidad de nuestras cuentas públicas. Por tanto, dado que el Gobierno de Draghi no parece dispuesto, al menos por ahora, a recurrir a la varianza presupuestaria para recuperar los recursos necesarios para dar algo de oxígeno a nuestra economía, sólo resta recortar el gasto corriente para recuperar al menos uno gran parte de los recursos necesarios para hacer frente a las emergencias económicas de los últimos meses. De hecho, otros caminos son difíciles de seguir; de la lucha contra la evasión fiscal, los mayores ingresos que logramos recuperar cada año son muy limitados y no sería practicable un posible aumento de ingresos mediante un ajuste al alza de los impuestos. La audiencia de bonos, por lo tanto, debe ser la más atenta para lograr el objetivo mencionado anteriormente. En otras palabras, sólo a partir de una "tijera" de los egresos por bonos podríamos encontrar la cobertura necesaria para impulsar nuevas políticas económicas de carácter expansivo para contrarrestar, por ejemplo, las altas facturas y el repunte de la inflación.

El más caro es el antiguo Renzi

El más caro para las arcas públicas es el antiguo bono Renzi: en el trienio 2020-2022 el importe gastado ascenderá a 28,3 millones de euros. Introducida en 2014, a partir de 2020 el gobierno Conte II ha elevado esta medida a 100 euros. Indemnización que se abonaba mensualmente en las nóminas de los empleados con un nivel de ingresos que a lo largo de los años ha oscilado en torno a los 28 mil euros. Desde marzo de este año el importe de la medida abonada a los trabajadores se ha reducido drásticamente, si bien se ve compensado por los mecanismos de revisión introducidos con la reforma del IRPEF que, sin embargo, no penalizan económicamente a los trabajadores. Un plus, el de Renzi, que sirvió para lastrar las nóminas de los italianos, con el objetivo de impulsar el consumo de los hogares. Igualmente caros fueron también los bonos de construcción; según la Agencia Tributaria, entre principios de 2020 y finales de 2021 costaron a las arcas del Estado algo menos de 25 millones de euros. Aunque compensado al menos en parte por el aumento de la tributación de los beneficios extraordinarios devengados por las empresas del sector energético, el coste total del bono social asciende a 22 millones de euros que, introducido en el segundo semestre de 2021 y ampliado/reforzado en varias ocasiones también en esta primera parte de 2022, se utiliza para calmar los aumentos en las facturas de luz y gas, especialmente para las familias de bajos recursos y los negocios intensivos en energía. Igualmente oneroso fue el costo para la comunidad del súper eco-bono del 110%; entró en vigor en julio de 2020 para incentivar la recalificación energética de nuestro parque de viviendas, a 31 de marzo de este año supuso para el presupuesto público, según ENEA, 21,1 millones de euros.

Necesitamos acelerar el "descalado" de los bonos de construcción y que algunos lleguen a la parada

De los aproximadamente 113 millones de euros de cargas al Estado que estima la CGIA, 46 millones son imputables a bonificaciones que giran en torno al sector de la construcción. Según la Agencia Tributaria, de hecho, en el bienio 2020-2021 el importe de los traspasos y descuentos en factura ascendió a:

  • 13,6 millones de euros para la prima de fachada;
  • 5,5 millones de euros para el bono ecológico;
  • 4,9 millones de euros para reestructuración;
  • 0,9 millones de euros para el seismabonus;
  • 0,01 mil millones de euros para estaciones de carga.

A estas cantidades que, en conjunto, suman 24,9 millones, hay que sumar también las deducciones devengadas por las obras de construcción finalizadas que se acogieron al superecobono del 110%. Según datos de ENEA, a 30 de abril de 2022 la carga para el Estado era de 21,1 millones de euros. Que quede claro, nadie ignora el papel que han tenido las bonificaciones en los últimos años en el relanzamiento de la construcción, en sacar a relucir el soterramiento y en mejorar la eficiencia energética de nuestras viviendas; Dios no lo quiera. Sin embargo, la convicción de haber gastado en exceso y haber "drogado" el mercado de la construcción/plantas está muy extendida.

Consideremos, por ejemplo, que el bono de reestructuración -inicialmente con una tasa impositiva de deducción de los gastos incurridos igual al 41 por ciento- se introdujo hace 24 años, es decir, en 1998. En virtud de que nuestro país necesita absolutamente recursos públicos para hacer frente con las emergencias de este momento -como el precio de las facturas de energía, el repunte de la inflación y el alza en el precio de las materias primas- el dinero solo se puede recuperar recortando el gasto público, o comenzando a limitar paulatinamente la temporada de bonificación y los subsidios dado a la lluvia, a menudo incluso a aquellos que no tendrían ninguna necesidad.

En el sector de la construcción, en verdad, el decalage ya ha sido programado por el legislador, pero aún demasiado lento. En cambio, necesitamos acelerar la reducción de las ventajas fiscales y, al menos para algunos, llegar a su cero, poniendo así fin a la distorsión distributiva planteada por muchos expertos: el súper eco-bono del 110% y muchos otros incentivos han demostrado ser regresivo, es decir, haber beneficiado, en particular, a los tramos de ingresos más altos que, más que los demás, se beneficiaron de estos "descuentos".

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