Los trabajadores se habrían visto obligados a aceptar salarios bajos y condiciones de explotación, ya que estaban en necesidad.
Durante las averiguaciones previas, la Policía Estatal ejecutó ocho medidas cautelares personales dictadas, a solicitud del Ministerio Público de Caltanissetta, por el Juez de Averiguaciones Previas. Uno de los sospechosos fue puesto bajo arresto domiciliario, otro fue obligado a residir en la ciudad de Delia y a otros propietarios de granjas se les prohibió durante 1 año realizar negocios. Las investigaciones comenzaron en mayo de 2022 luego de algunos informes recibidos por Flying Squad. Al escuchar a algunos ciudadanos paquistaníes, se supo que un italiano reclutaba trabajadores no comunitarios todas las mañanas a las 5.00:XNUMX cerca de la estación de Caltanissetta para llevarlos al campo de Delia y Agrigento a trabajar.
Los policías del equipo móvil, coordinados por el Ministerio Público, constataron en realidad que todos los días uno de los sospechosos, en competencia con otro sujeto italiano, habría reclutado a decenas de trabajadores para llevarlos al campo. La actividad de investigación permitió recoger graves indicios de culpabilidad que tiene el GIP contra 8 sospechosos, de los cuales 6 son empresarios agrícolas que diariamente requerían mano de obra, principalmente de fuera de la UE, para emplearla en el llamado negro en sus fincas. . Durante la compleja actividad de investigación, se llevaron a cabo varios controles en las granjas en cuestión. Los trabajadores, entrevistados por los investigadores del Escuadrón Volador, declararon que recibían bajos salarios diarios por 8 horas de trabajo por día, proporcionadas en ausencia de condiciones de seguridad en el lugar de trabajo.
De nuevo según lo declarado por los trabajadores, estos últimos se vieron obligados a aceptar las condiciones de explotación por encontrarse en estado de necesidad. Durante uno de los controles realizados en Caltanissetta se pudo comprobar que uno de los sospechosos transportaba a los trabajadores sin ninguna normativa de seguridad, ya que había modificado una furgoneta preparando asientos en su interior, sin sistemas de retención, todo con el fin de ser capaz de contratar a tantos trabajadores como sea posible. Según lo estimado por el GIP, dos sospechosos habrían recibido parte de la remuneración debida al trabajador como compensación por la actividad de intermediación ilegal. Uno de los sospechosos supuestamente amenazó de muerte a los trabajadores en caso de incumplimiento de las normas que impuso, obligándolos además a comprar herramientas de trabajo y guantes de protección. La actividad investigativa permitió dar seguimiento a los presuntos delitos en los meses de junio y julio de 2022. La Policía Estatal, con las primeras luces de la madrugada de este lunes, llegó hasta los beneficiarios de la medida cautelar. Los 8 ya están a disposición de la Autoridad Judicial para las futuras fases del proceso penal.